Estación de Los Pedroches

 

Desconfío de quienes valoran la actuación de un gobierno en términos de rentabilidad económica. El Estado no es una empresa que reparte dividendos entre sus accionistas, sino que debe garantizar la justicia social y, a través de la misma, la cohesión de todo el territorio nacional. Y para ello no ha de analizar únicamente el beneficio económico de cada una de sus actuaciones. Estas tienen la obligación de regirse, en no pocas ocasiones, por criterios de índole moral. Por eso, lo que tenemos que exigirles a nuestros gobernantes es honestidad y responsabilidad en la gestión del dinero público, y no la consecución de un déficit cero, esa falacia creada por un capitalismo insaciable y agonizante que, en el caso de nuestro país, está demasiado acostumbrado al dinero público.
En este sentido, cuando oigo que alguien habla de rentabilidad económica para deslegitimar la petición por parte de los habitantes de Los Pedroches de la apertura de la estación del AVE en Villanueva de Córdoba no solo creo que desenfoca, con premeditación y alevosía, el problema –casi todos los trabajos necesarios para poder abrirla al público están hechos y los gastos de mantenimiento serían mínimos-, sino que demuestra la mezquindad de intentar deslegitimar la opinión de miles de personas.
El grito colectivo que en los últimos días vuelve a resonar en el norte de Córdoba es un clamor justo porque es misión del Estado adoptar en aquellas zonas marginales que corren un mayor riesgo de exclusión y de despoblamiento las medidas necesarias para evitar que se conviertan en un páramo. Abrir la estación no es una panacea, pero mantenerla cerrada es un agravio y una falta de sensibilidad ante los problemas sociales y económicos de una tierra a la que se le ha hecho un daño medioambiental irreparable.
Por eso, lo que pedimos no es otra cosa que la devolución de una pequeña parte de lo que se nos ha quitado con la construcción de la vía del AVE, una herida metálica que atraviesa impasible el encinar...

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(Publicado en Diario Córdoba, 29 de julio de 2013, p. 5)